País de la Monarca, excluido de pagos por servicios ambientales

A pesar de la importancia ecológica y de servicios ambientales en la región oriente del estado, la biosfera de la Mariposa Monarca quedó fuera de los planes de pago por servicios ambientales del Estado de Michoacán de este 2022.

Ni un solo peso de los 300 millones de pesos convenidos con la megalópolis para la atención de las zonas de recarga de acuíferos y aprovechamientos del agua serán destinados a la zona más importante de recarga de la entidad. Tampoco existen intenciones de pagar lo que durante los últimos años “no les ha llegado” a las comunidades.

Ejidatarios del municipio de Ocampo denunciaron ante la opinión pública que a pesar de los servicios ambientales que prestan la sierra, actualmente no reciben recursos por el mismo concepto como se ha celebrado en municiones vecinos.

Si bien se tiene estipulado que deberían de recibir hasta 500 pesos por hectárea cada año denunciaron que los últimos años no han recibido el apoyo a pesar de que la versión oficial señala que se han dispersado los recursos.

A principios de este mes de julio, los gobiernos del Estado de México Ciudad de México y el Estado de Michoacán signaron convenios para el pago por servicios ambientales de al menos 5 de marcaciones ubicadas en el Oriente michoacano. El recurso, fue destinado específicamente para los aprovechamientos agrícolas y los distritos de riego para evitar el «huachicoleo del agua».

A pesar de que las «fábricas de agua» más importantes que recargan a las presas que a su vez abastecen al sistema Cutzamala se encuentran en la biosfera de la Mariposa Monarca, para los comuneros que defienden los bosques no se les destinó ni un solo peso.

Tras visitar la capital Michoacana, los ejidatarios y promotores del país de la monarca advirtieron las implicaciones que ha tenido la falta de atención en torno a los problemas ambientales que actualmente enfrentan. Plagas forestales, necesidad de la renovación de los núcleos forestales y cuidado de los bosques han sido solventados por las propias comunidades desde al menos hace 20 años.